El mercado laboral en 2018

Los desafíos para 2018 en el mercado laboral son muchos. Demasiadas incertidumbres y pocas certezas teniendo en cuenta que muchos de los problemas son antiguos y van a convertirse en clásicos.

Ya sabemos que para el 2018 se prevé una subida del Salario Mínimo Interprofesional del 4%, llegando a 736 euros mensuales en catorce pagas. Sin embargo, los incrementos de los próximos años se supeditan, por un lado, al crecimiento económico (PIB) de un 2,5% anual por lo menos y, por otro lado, un incremento medio de la afiliación a la Seguridad Social superior a cuatrocientas cincuenta mil personas por ejercicio.

 

Habrá que ver si las subidas pactadas para el SMI “contagiarán” la negociación de revisiones salariales en los convenios colectivos o si los incrementos retributivos pactados en la negociación colectiva se mantendrán contenidos. Lo que está claro es que, poco a poco, todos los interlocutores sociales asumen que la referencia clave para las revisiones salariales es la productividad, como herramienta para relacionar los ingresos de los trabajadores a la situación productiva real de las empresas y sectores de actividad y a la productividad económica.

Indemnización por finalización de los contratos temporales

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá el próximo año sobre la discusión de la indemnización por finalización de los contratos temporales y, en concreto, la de los contratos de interinidad, y ello por cuanto que nuestro Tribunal Supremo.

Otro asunto que ocupará de forma importante a los profesionales dedicados al mundo del trabajo, en sus aspectos jurídicos, administrativos o los de recursos humanos, será la adaptación e interiorización en el quehacer diario de la regulación que ha empezado a aplicarse el 25 de mayo de 2018 en lo relativo a la protección de datos.

Cambios legislativos

Hay más incertidumbre sobre cuáles serán los cambios legislativos el próximo año en materia laboral. Algunos expertos apuestan por una reforma integral y transversal del actual ordenamiento jurídico laboral. Sin embargo, el Gobierno y los principales grupos parlamentarios no se inclinan a realizar reformas globales, apostando por realizar modificaciones puntuales que no conllevan la necesidad de una revisión global del Estatuto de los Trabajadores, aunque abordan asuntos de vital transcendencia económica y social.

Este año 2018 se va a tramitar una Proposición de Ley para la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, con el objeto de establecer para las empresas la obligación de registrar la entrada y salida respecto de cada trabajador diariamente. Se pretende recuperar las exigencias de control horario impuestas por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su Instrucción 3/2016, al amparo de la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el caso Bankia, revocada posteriormente por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Seguirá su tramitación parlamentaria también una Proposición de Ley para la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, para que se garantice la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados en relación a los empleados que prestan sus servicios en las empresas principales. Claramente, si prospera esta iniciativa, la estrategia de externalización productiva que han seguido algunas empresas perdería valor competitivo y se generarían problemas de sostenibilidad económica en las empresas contratistas a raíz del incremento de sus costes salariales que les obligaría a la reorganización los procesos productivos actualmente subcontratados o a renegociar los precios de los servicios que prestan las empresas contratistas.

Una tercera Proposición de Ley es la Reguladora de las Prácticas Académicas Universitarias Externas. Las novedades se basan en limitar el número de estudiantes que pueden realizar sus prácticas simultáneamente en una determinada empresa, fijado en función del tamaño de la empresa, de la misma forma que la creación de un Estatuto del Estudiante en Prácticas que regule de forma sistematizada los derechos y obligaciones que deben regir la relación jurídica entre el estudiante, la empresa y la entidad formativa.

Otra novedad es la determinación de la regulación jurídica apropiada para las personas que prestan servicios en las plataformas de economía colaborativa. En el próximo año deberá definirse si quien nos trae la comida a casa o nos lleva a la oficina debe ser titular de una relación laboral ordinaria o se trata de una figura distinta, ya sea a través de iniciativas o reformas legislativas o mediante pronunciamientos judiciales.

Financiación de las pensiones

Por último, y no menos importante, este año 2018 debería dar respuesta al clásico problema de la financiación de las pensiones. De los 66.815 millones de euros que existían en Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 2011, el saldo que queda en el fondo a día de hoy es tan solo de 8.095 millones de euros, tras la última retirada para hacer frente a las pagas extraordinarias. Bien es cierto que ya se anuncian algunas medidas y reformas de cierta importancia (el factor de equidad, bases máximas, etcétera), resulta cada vez más necesario el establecimiento de un plan definitivo que garantice la sostenibilidad del sistema.

 

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